Authors:
Felipe Arango García, CEO, Transforma
Diego Zapata, Senior Associate in Energy Diplomacy, Transforma
En Tocopilla, al norte de Chile, el viento arrastra todavía una memoria pesada. Durante décadas, la ciudad aprendió a vivir al ritmo de las termoeléctricas: sus empleos, sus enfermedades, sus silencios y sus promesas quedaron atados al carbón. Para muchas familias, la energía no fue una abstracción técnica, sino una presencia diaria: el humo en el aire, la dependencia económica, la incertidumbre sobre qué viene después del cierre.
A miles de kilómetros, en La Guajira colombiana, otra historia se escribe con un lenguaje distinto, pero con una pregunta parecida. En un territorio históricamente atravesado por exclusión, conflicto y desigualdad, campesinos y excombatientes construyen un parque agrovoltaico. No es solo electricidad, también es arraigo, ingresos, alimento y futuro. Allí, la energía renovable no aparece como una cifra en un balance nacional, sino como una posibilidad concreta de recomponer vínculos y sostener la vida.
Tocopilla y La Guajira no son excepciones pintorescas. Son dos formas de mirar el mismo dilema latinoamericano: la región avanza en su transición energética con abundantes recursos renovables, pero aún no ha decidido qué tipo de economía quiere construir con ella. Una puede limitarse a sustituir chimeneas por paneles solares, mientras otra puede usar las renovables para redistribuir bienestar y oportunidades.
Lo que REN21 llama una economía basada en renovables parte de una premisa simple: la fuente de energía determina mucho más que el sistema energético. Esa transformación no empieza en los gigavatios, y conviene precisar qué significa, porque suelen confundirse tres cosas distintas. Una matriz eléctrica renovable descarboniza solo la generación eléctrica; es decir, una fracción de toda la energía que mueve a una economía. Ampliarla a una matriz energética que cubra los demás usos finales (electrificar el transporte, el calor industrial, la cocción) abarca mucho más, pero sigue siendo una transformación de cómo se suministra la energía, no de lo que un país produce.
Una economía basada en renovables es más exigente: supone convertir esa energía renovable en el principio que organiza la producción misma. De un lado, electrificar con renovables las industrias intensivas en energía (procesamiento de minerales de transición, acero, cemento, transporte, etc.); y del otro, hacer crecer sectores no energéticos (agroindustria, turismo, servicios, manufactura, tecnología) que se alimenten de ella. Los gigavatios renovables son un insumo y la economía se construye con lo que se hace con ellos. Por eso el asunto va más allá de cambiar la fuente de energía: tiene que ver con transformar la estructura productiva.
El propio despliegue de renovables genera empleo e infraestructura, pero buena parte de ese impulso dura el tiempo de la obra: los puestos se concentran en la fase de construcción y caen cuando los parques entran en operación. Además, una porción alta del gasto en proyectos solares y eólicos se va en equipos importados. Por eso, construir verdaderas cadenas de valor exige una apuesta deliberada por diversificar la producción local.
El primer ejemplo, Brasil, muestra una escala difícil de ignorar: en 2024, las renovables representaron el 50% de la matriz energética y el 88,2% de la matriz eléctrica, con 236,4 GW instalados. Pero esa potencia renovable convive con una economía fósil todavía expansiva: la producción alcanzó 8.480 PJ y las exportaciones se triplicaron en 2024. El caso brasileño demuestra que una transición energética no es necesariamente una transición justa: el liderazgo mundial en renovables puede coexistir con una expansión histórica de la producción fósil y con desigualdades persistentes en los territorios donde se concentran tanto los costos como los beneficios de la transformación energética.
Chile, en 2025, alcanzó 19 GW de capacidad renovable no convencional, más de 1,7 GW de almacenamiento y una generación renovable superior al 65% de la electricidad. Su NDC 3.0 apunta al menos al 80% de generación eléctrica renovable en 2030. Sin embargo, esa expansión acelerada de las energías renovables no garantizó por sí sola legitimidad territorial: entre 2010 y 2020 los conflictos socioambientales pasaron de 11 a más de 100 casos, evidenciando que la ausencia de mecanismos efectivos de participación profundiza tensiones y desigualdades preexistentes.
De otro lado, en Colombia la transición se ha acelerado: en 2025, la capacidad solar alcanzó cerca de 2,6 GW, distribuida en más de 17.000 proyectos, y más de la mitad se concentró en el Caribe, una región clave para el futuro energético del país. La capacidad renovable llegó a 15,3 GW y las fuentes no convencionales superaron los 4 GW, equivalentes al 17% de la capacidad instalada. Pero el avance convive con una cuestión de fondo: si esta nueva infraestructura logrará transformar la relación entre energía, territorio y bienestar, o si simplemente agregará capacidad renovable sobre un sistema que aún arrastra desigualdades históricas.
Costa Rica cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, cercana al 98% renovable en 2025. Sin embargo, depende en un 100% de importaciones de combustibles fósiles y el 80% de su consumo se atribuye al transporte. La lección es incómoda: la electricidad puede estar casi descarbonizada, mientras la economía sigue atada al petróleo en la movilidad, la logística y el consumo final. Es la diferencia entre descarbonizar la matriz eléctrica y descarbonizar la matriz energética completa: la primera puede estar casi resuelta mientras la segunda apenas empieza.
México vive una transición más gradual. En 2024, los combustibles fósiles representaron cerca del 89% del suministro energético y el gas natural se consolidó como eje del sistema eléctrico, con más de 40 GW en termoeléctricas. El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039 plantea metas de energía renovable de 38,5% en 2030 y 43,3% en 2035. Este enfoque es coherente con la NDC 3.0 mexicana, que prioriza reducción de emisiones sobre metas explícitas de renovables; aunque plantea un reto metodológico para distinguir cuánto del avance en “energías limpias” corresponde efectivamente a nueva capacidad renovable.
Argentina, por su parte, expresa una tensión estructural. Cerca del 86% de su oferta primaria proviene de fuentes fósiles, principalmente gas natural y petróleo. En electricidad, la potencia instalada al cierre de 2024 fue un 58% de combustibles fósiles y apenas un 15% de renovables. En ese contexto, una economía renovable no puede entenderse como una capa verde sobre un modelo fósil exportador, sino como una discusión sobre qué sectores se priorizan, qué territorios cargan los impactos y quién recibe los beneficios.
América Latina ha demostrado que puede desplegar infraestructura de energía renovable; la pregunta es si está dispuesta a ordenar su economía alrededor de ella. Porque una región donde los parques solares avanzan sobre redes de transmisión insuficientes y obsoletas, que mantiene subsidios a fósiles, con transporte contaminante, y consulta a las comunidades cuando las decisiones ya están tomadas, no está cambiando de modelo: está agregando tecnología renovable sobre una arquitectura energética que sigue funcionando igual. Por eso, el debate no puede reducirse a cuántos gigavatios entran al sistema, sino a qué dependencia desplazan, qué capacidades crean y quién participa de sus beneficios.
Una economía renovable debe reducir la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, trasladar la inversión hacia infraestructura habilitante (redes, almacenamiento, electrificación y eficiencia), y anclar sobre esa energía renovable una base productiva diversificada que cree capacidades y empleo duraderos. Asimismo, debe garantizar que los territorios tengan participación vinculante antes de cargar con los impactos. De lo contrario, América Latina corre el riesgo de cambiar el paisaje de su energía sin cambiar la historia de los territorios que la sostienen.
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